Economía al servicio de las personas

Julio Martínez Alcalde ha sido Presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña y vocal del Patronato de la Fundación CARES desde su constitución. Diplomado en Educación Social en la Universidad de Barcelona. Especializado en la gestión de entidades dedicadas a la promoción del trabajo, la educación y la promoción de personas con discapacidad, el asociacionismo e intervención social.

“Formar parte de un proyecto de economía social es asumir un compromiso: contribuir a que la actividad económica sea también un espacio de inclusión, aprendizaje y construcción de ciudadanía. La empresa puede ser y debe ser un lugar donde las personas recuperen capacidades, confianza y autonomía. También para recomponer relaciones, especialmente aquellas que han encontrado más barreras para participar plenamente en la sociedad. La economía social consiste en equilibrar eficiencia y equidad, producción y acompañamiento, sostenibilidad y compromiso colectivo. Ser patrono de una Fundación como CARES es participar en su construcción y consolidación: impulsarla para que su proyecto sea coherente y sostenible, capaz de generar no solo bienes y servicios, sino también oportunidades, vínculos y futuro, así como ciudadanos que participen en la vida de la comunidad”

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La práctica de la economía —y especialmente su deriva hacia la maximización del beneficio— ha situado a una parte importante de la ciudadanía fuera de los circuitos de decisión que afectan a sus derechos fundamentales. Esta exclusión no es solo económica, sino también política y social.

A lo largo de mi trayectoria como educador social y emprendedor social, he sido testigo de un cambio profundo en el papel que se exige al individuo. Hemos pasado de un sujeto pasivo ante las relaciones entre economía y sociedad a un sujeto sometido a las exigencias de identificación y pertenencia a determinados espacios sociales. Todo ello en el marco de una economía del conocimiento que redefine constantemente las instituciones, las empresas y las trayectorias vitales.

En este contexto, acciones como representarse, reconocerse o hacerse reconocer se convierten en elementos centrales. No solo para la construcción de la identidad, sino también para el ejercicio efectivo de derechos: el derecho a la ciudadanía, al empleo y a la participación plena en la vida social.

Paralelamente, las empresas han tenido que asumir niveles crecientes de flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes, mientras mantienen —al menos teóricamente— la seguridad en el empleo. Esta tensión se ha trasladado también a los trabajadores, que se ven obligados a adaptarse continuamente a las fluctuaciones del mercado.

El resultado es un desplazamiento de los paradigmas productivos hacia modelos centrados en el aprendizaje permanente, la responsabilidad compartida, la calidad y la innovación. La seguridad ya no depende tanto de la estabilidad laboral como de la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender a lo largo de toda la vida.

Es en este escenario donde el aprendizaje en el lugar de trabajo se convierte en un espacio clave de transformación social. Desde esta perspectiva, la centralidad de la persona no es un principio retórico, sino una necesidad operativa: es el individuo quien pone en juego sus capacidades en contextos cada vez más complejos.

Sin embargo, muchas de las personas con las que trabajamos llegan en situaciones de desorientación, con dificultades para situarse tanto en relación consigo mismas como con su entorno. Esto obliga a construir espacios de coherencia compartida, donde todos los actores implicados —profesionales, instituciones y empresa— se conviertan en parte activa del proceso.

Ante esta realidad, hemos optado por situar la actividad económica —la producción de bienes y servicios— como eje central de la intervención. No como una finalidad en sí misma, sino como un vehículo de normalización e inclusión social.

En este sentido, la economía social se configura como un espacio privilegiado de convergencia entre tres actores: las instituciones públicas, el individuo y la empresa. Las primeras, como garantes de derechos; el segundo, como sujeto activo de su propio proceso; y la tercera, como espacio de producción, aprendizaje y generación de valor social.

Este modelo implica una profunda redefinición de responsabilidades. El individuo asume un papel activo en la construcción de su itinerario vital; la empresa se convierte en agente educador; y las instituciones deben facilitar las condiciones para que esta interacción sea posible.

Tal como señala la Comisión Europea, el aprendizaje a lo largo de la vida no es solo una necesidad económica, sino también una condición para la cohesión social. En el caso de las personas en riesgo de exclusión, esta doble dimensión se hace especialmente evidente: sin competencias no hay inclusión, pero sin equidad tampoco hay desarrollo.

Desde esta perspectiva, la economía social puede entenderse como un espacio de mediación. Una mediación entre quienes toman decisiones y quienes sufren sus consecuencias. Pero también una mediación en el proceso de reconstrucción de trayectorias vitales. Esta mediación puede estructurarse en tres fases: el autorreconocimiento, la reconstrucción de posibilidades y el desarrollo de un proyecto personal.

En primer lugar, se trata de recuperar el valor de las experiencias previas y generar motivación. Después, de construir itinerarios realistas que combinen trabajo y aprendizaje. Finalmente, de desarrollar competencias en todas sus dimensiones: cognitivas, emocionales, relacionales y profesionales.

El objetivo final es la máxima autonomía posible de la persona, entendida como la capacidad de situarse y actuar en distintos contextos de manera consciente y responsable.

En este proceso distinguimos cuatro tipos de competencias fundamentales: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Todas ellas se desarrollan de manera especialmente significativa en el espacio empresarial, que se convierte así en un entorno educativo de primer orden.

La empresa social, en este sentido, no es solo una organización productiva, sino un dispositivo de transformación. Un espacio donde la producción real de bienes y servicios convive con procesos de aprendizaje e inserción. Esto implica ofrecer experiencias laborales reales, con contratos adaptados a las capacidades de las personas, pero también con exigencias reales. No se trata de simular, sino de construir trayectorias con sentido.

Uno de los elementos clave de este modelo es la implicación del entorno: familias, administraciones, clientes y comunidad. La inserción no es un proceso individual, sino colectivo. Por ello, la proximidad al territorio se convierte en una fortaleza esencial. En un contexto en el que muchos vínculos sociales se han debilitado, el arraigo comunitario permite reconstruir relaciones y generar nuevas oportunidades.

Sin embargo, este modelo exige una reflexión constante: sobre el papel de la empresa, sobre los límites de la intervención y, sobre todo, sobre si las acciones responden realmente a los intereses de las personas. El empresario social se mueve en esta tensión. Combina la lógica empresarial con el compromiso comunitario, la innovación con la responsabilidad, la eficiencia con la equidad. No es solo un gestor, sino un agente de cambio.

El principal reto no es únicamente alcanzar el éxito económico, sino visibilizar este modelo y demostrar que es posible generar valor social de manera sostenible.

En última instancia, de eso se trata: de construir espacios donde la economía no excluya, sino que incluya; donde el trabajo no solo produzca, sino que transforme; y donde las personas puedan recuperar su lugar como sujetos activos de su propia vida.